El abogado Jacinto Lara, presente en multitud de procesos contra los crímenes de la dictadura, denuncia cómo en los últimos cuatro años los poderes del Estado han «fortalecido la política de impunidad de la dictadura franquista». Cuando el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó España publicó un extenso informe en el que señaló todas las tareas pendientes del Estado español en esta materia.: encontrar a los desaparecidos y modificar sistema de exhumaciones; anular las sentencias del franquismo; abrir los archivos y crear un organismo que ayude a crear un relato oficial de la historia.
Todas estas medidas, en mayor o menor medida, fueron tenidas en cuenta por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando anunció su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, hay una parte de las recomendaciones de Pablo de Greiff que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado: el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo. El Relator de la ONU emplazó a España a derogar la Ley de Amnistía, que «cumple las funciones de una ley de punto final que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces», y a «juzgar o extraditar» a los responsables de la dictadura franquista.
El abogado de las víctimas del franquismo en el proceso abierto en Argentina y en muchas de las querellas presentadas en suelo español, Jacinto Lara, responde que en materia de acceso a la Justicia las víctimas de la dictadura están peor ahora que hace cuatro años. «Los 3 poderes del Estado han fortalecido la política de impunidad del franquismo y el Ejecutivo del PSOE no ha formulado ninguna medida para remediarlo». Lara considera que acabar con la impunidad de la dictadura es posible «con reformas legales y voluntad política»: «Juzgar a los responsables franquistas es posible. El Derecho Internacional lo avala. Decir que España no puede juzgar a los responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia».
El Parlamento blindó la Ley de Amnistía. Los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazaron en marzo de 2018 dejar sin efecto la Ley de Amnistía, propuesta que llegó al Congreso por los distintos colectivos y víctimas que integran la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). Solicitaban añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma «no impedirá» que «los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos». La decisión fue duramente criticada por otros partidos del Congreso como Unidos Podemos o ERC
El socialista Manuel Cámara incide que el cambio de la norma generaría situaciones de «inseguridad jurídica». La Red de Ciudades contra la impunidad franquista, que incluye a consistorios como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza emplazó al Congreso a asumir las demandas del Relator Especial de la ONU. El abogado Jacinto Lara también recuerda que en los últimos años las víctimas del franquismo han interpuesto hasta 12 querellas en los juzgados españoles para que se investigaran las torturas de miembros de la Brigada Político y Social, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Nueve de estas querellas ya han sido inadmitidas por la Justicia.
Los ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango, también han interpuesto querellas contra la dictadura. La única admitida a trámite fue la del Ayuntamiento de Elgeta, pero la jueza que dio el paso fue rápidamente removida del juzgado, que inmediatamente ordenó el cierre de la causa. La Audiencia Nacional rechazó extraditar a los acusados de torturas durante el tardofranquismo Antonio González Pacheco, miembro de la BPS, y Jesús Muñecas, agente de la Guardia Civil.
El Consejo de Ministros desoyó la advertencia de la ONU de juzgar a los criminales franquistas o colaborar con Argentina y extraditar a los imputados crímenes de lesa humanidad en el franquismo. El Consejo de Ministro rechazó el de 15 de marzo de 2015 la petición de la Justicia de Argentina de entregar a veintena de miembros de la dictadura franquista (desde exministros a miembros de la BPS) para su toma de declaración por los graves delitos por los que son acusados. Entre ellos se encuentran los exministros Fernando Suárez y Rodolfo Martín Villa.
La jueza argentina María Servini envió comisiones rogatorias a España para poder tomar declaración a los imputados en suelo español con la colaboración de jueces de aquí. La reacción del Gobierno del Partido Popular fue contundente. El 20 de septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado envío una circular a los juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar juzgar el franquismo.
Jacinto Lara emplaza al nuevo Ejecutivo a dejar sin efecto la circular de la Fiscalía que pide a los jueces no colaborar con la Justicia de Argentina en su causa contra los crímenes del franquismo, orientándola a colaborar con Argentina, que la jueza pueda pisar suelo español y tomar declaración a los imputados. «La nueva Fiscalía solo tiene que dejar sin efecto la anterior como nos pidió el Relator de la ONU», incide Jacinto Lara. El abogado de la CEAQUA pide al Gobierno de Sánchez que realice reformas legales para que la Justicia investigue los crímenes franquistas. Pide al PSOE que impulse la anulación de la Ley de Amnistía y reforme el Código Penal para «incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva internacional».
Original de Alejandro Torrús en Público
En MEMORIA de las mujeres y hombres del Ejército de la REPÚBLICA Española
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