POSGUERRA FRANQUISTA, UN MILLON DE PRESOS POLÍTICOS Y DOSCIENTOS MIL MUERTOS

Si en la terrible “défrancada ominosa” de Fernando VII, se calculan en cien mil el número de presos, condenados y ejecutados, durante los treinta y cinco años posteriores al triunfo franquista el número de muertos duplica aquella cifra y el de presos y perseguidos supera con creces el millón de españoles. ¿Cuántos fueron los presos políticos, a cuántos millones de años alcanzan las penas de reclusión en presidios, cárceles, campos de concentración y trabajo, batallones disciplinarios y de fortificaciones? ¿Cuántos perecen de muerte violenta, de inanición, de enfermedades carenciales? ¿Cuántos mueren víctimas de un interrogatorio, una paliza o un paseo? ¿Cuantos los que fueron fusilados o ejecutados en garrote vil en los treinta y seis años transcurridos entre 1939 y 1975? No lo sabemos con exactitud, pero las víctimas reales y efectivas superan con creces cuanto se ha dicho dentro y fuera de España, la llamada Paz de Franco tuvo un extraño parecido con la de los cementerios.

Charles Foltz, periodista norteamericano de la Associated Press en Madrid a finales de la segunda Guerra Mundial, autor de un libro no publicado en España, “Masquerade in Spain” en 1948, sostiene que según datos oficiales facilitados en el Ministerio de Justicia madrileño, entre el 1 de abril de 1939 y el 30 de junio de 1944, el número de ejecutados o muertos en las prisiones españolas alcanzaba la cifra de 192.684 personas. Lo confirma el conde Galezzo Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Asuntos Exteriores de la Italia fascista: “Las ejecuciones son aún muy numerosas, en Madrid, de 200 a 250 diarias; en Barcelona 150; 80 en Sevilla que, en ningún momento estuvo en manos de los rojos”.

En Madrid actúan permanentemente cinco consejos de guerra sumarísimos de urgencia, que juzgan entre doscientas y trescientas personas diarias, contra más de la mitad de las cuales solicitan los fiscales la más irreparable de las penas. Durante estos años, e incluso con posterioridad, suele haber un mínimo de tres a cuatro sacas semanales, variando el número de los ejecutados en cada una de ellas. Igual sucede en Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Almería, Jaén o Tarragona. En cada juicio suelen comparecer entre veinte y sesenta personas, muchas de las cuales no han sido interrogadas por ningún juez ni conocen el nombre del defensor, al que en ningún caso han designado. Es muy raro que se permita declarar a un solo testigo en el acto de la vista y la suerte de los procesados se dilucida generalmente en menos de tres horas. Aparte de juzgarles por un delito de rebelión militar, que evidentemente no han cometido, se invierten normas jurídicas universales y no es el acusador quien debe probar, sino el que necesite demostrar su inocencia. La simple denuncia se considera prueba suficiente, la demostración de inocencia del inculpado ofrece con frecuencia insuperables dificultades, si le culpan de haber matado a veinte personas sin decirle sus nombres ni cuándo, dónde ni cómo perecieron, no tendrá posibilidad alguna de demostrar su inocencia.

Son muchos millares los granadinos que sin formación de causa ni proceso de ninguna clase son inmolados por la vesania sádica de individuos como el comandante Valdés o el tristemente famoso capitán Rojas, autor en 1933 de la masacre campesina de Casas Viejas. Lo mismo sucede cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en Navarra, Valladolid, Burgos, Sevilla y Zaragoza que desde el primer momento estuvieron en manos de los promotores del Alzamiento y en las poblaciones que posteriormente ocupan las fuerzas franquistas como Badajoz, Málaga, Bilbao y Gijón. En todas partes se han limitado a poner en práctica las instrucciones dadas por Mola en una circular del mes de junio de 1936, sembrando el terror para asustar e inmovilizar a sus adversarios.

Lejos de imitar la conducta generosa de los liberales que no toman represalias de ninguna clase al vencer en las tres guerras carlistas del siglo XIX, Franco anuncia que la liquidación de la contienda fratricida “no debe hacerse a la manera liberal con amnistías monstruosas y funestas que más bien son engaño que gesto de perdón”. Durante los treinta y seis años que aún dura su vida, Franco cumple al pie de la letra su propósito sin cansarse en ningún momento de firmar sentencias de muerte, añadiendo de su puño y letra en numerosas ocasiones una siniestra coletilla que dice sencillamente: “garrote vil”. Le cabe la triste gloria de haber hecho ejecutar a mayor número de compatriotas a lo largo de todos los siglos de la historia nacional. En los treinta y seis años que median entre el 1 de abril de 1939 y el 20 de noviembre de 1975, más de un millón de españoles se ven privados de libertad por motivos políticos y más de doscientos mil perecen frente a los pelotones de ejecución.


Artículo original de Eduardo de Guzmán en Unidad cívica por la República


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