En el referéndum franquista sobre el proyecto de ley para la reforma política realizado en 1976, se utilizó el gran poder de persuasión de los medios de comunicación, en particular la televisión. El pueblo español había sido privado de los más elementales y básicos derechos democráticos que le hubieran permitido expresarse, le habían sido arrebatados durante 40 años por la dictadura franquista. En la presentación pública de la campaña del referéndum, Martín Villa declaró que el gobierno sería «beligerante» con las posiciones abstencionistas. El pueblo podía hablar pero solo para decir lo que quisiese el gobierno.
El referéndum se celebraba con todos los partidos de oposición ilegalizados, varias decenas de antifascistas asesinados tras la muerte de Franco por la policía franquista, y cientos de presos políticos. El referéndum era un gigantesco e ilegítimo fraude político. Se apostaba masivamente en la calle por la “ruptura” con el franquismo. Muchas organizaciones y colectivos de izquierda promovían la abstención en esa mascarada continuista. Martín Villa era responsable de decidir la respuesta policial y el tipo de represión en las manifestaciones.
El referéndum acabó manchado de sangre. Ángel Almazán Luna, trabajador administrativo y estudiante de 18 años, fue asesinado por la policía franquista en una manifestación del Partido del Trabajo de España (PTE) contra el referéndum, el 15 de diciembre de 1976, en la Plaza de Callao de Madrid. La policía había cargado repetidas veces y lanzado pelotas y botes de humo contra los manifestantes. Arrastraron a la fuerza a Ángel, ensañándose brutalmente con él dándole patadas, golpes con la culata del fusil y con las porras. Un policía, le apoyó su fusil bajo de la barbilla y apretándole contra el suelo, le pateó todo el cuerpo. Otro policía se sumó a la paliza, y arrastrándole de los pelos se lo llevaron detenido a un portal, sangrando, destrozado por el dolor. Una ambulancia tardó casi una hora en llevarlo al hospital.
La autopsia informaba que el cuerpo de Ángel presentaba del orden de 50 moratones, que el trato había sido muy beligerante. Las heridas eran mortales de necesidad. Sin embargo, un año después, el Tribunal sobreseyó el caso al «no haberse podido demostrar quiénes causaron las lesiones que produjeron la muerte». La familia no tuvo acceso al historial del hospital. Durante su agonía estuvo vigilado por unos policías para evitar que nadie pudiera ver su gravísimo estado. El historial desapareció del hospital y el certificado médico de defunción fue entregado en la comisaria de distrito y al juez de guardia.
“Cuando todo ocurrió prestaron declaración 2 mujeres que identificaron perfectamente las agresiones, pero al pasar a un tribunal militar éste no las tomó declaración», señala la abogada Ángeles López. El atestado y toma de declaración a los policías responsables de la muerte de Ángel la realizó la misma policía armada, para pasar después el caso a un tribunal militar que lo archivó. El juez y el secretario del juzgado militar eran un teniente y un sargento de la policía armada. Cualquier intento de reabrir el caso para depurar responsabilidades desapareció con la ley de amnistía de octubre de 1977.
La madre de Almazán declaró que su hijo había muerto deformado por los golpes. Sus padres, Ángel y Tomasa y más tarde Javier, su hermano pequeño, junto a Saturnino Peña, amigo personal, estuvieron años intentando esclarecer los hechos y que Ángel fuese reconocido como víctima de la represión. “Mi hermano era un chaval que estudiaba y trabajaba, lleno de vida e ilusiones. Su asesinato no se investigó, el juicio fue una farsa. Para mis padres fue una tragedia, para mi madre Ángel era su felicidad. Mi padre se bloqueó completamente y no podíamos hablar con él de ello. Fueron años de llantos y desgracias”.
Intentaron acogerse a la Ley de Víctimas del Terrorismo, pero no prosperó, el estado postfranquista no admitía haber ejercido terrorismo de estado contra los opositores. Las letradas que presentaron la querella subrayan que el caso nunca se investigó y que se enmarca como un crimen de lesa humanidad: «»Entendemos que no ha habido prescripción de la muerte de Ángel el 20 de diciembre de 1976. Estamos ante causas de motivación política, se produjo en el transcurso de una manifestación contra la Ley para la Reforma Política que se votaba al día siguiente, y la protesta había sido convocada por un partido político que luchaba contra el franquismo». Según el derecho internacional este tipo de delitos no prescriben, pueden ser investigados y perseguidos a pesar de la Ley de Amnistía.
Todos los que le conocían, recuerdan a Ángel como un joven generoso, antifascista y valiente, con enormes ganas de aprender y luchar, que participaba en manifestaciones en defensa de la democracia y la libertad. Mientras los franquistas celebraban a bombo y platillo el “éxito” del fraudulento referéndum, Ángel agonizaba. Su hermano Javier declaró: «Yo, ingenuo, pensé que la ley de amnistía era para sacar de la cárcel a sindicalistas y comunistas presos, pero para lo que ha servido es para garantizar la impunidad de los crímenes franquistas».
Público (Álvaro Esteras). Eldiario.es (Olga Rodríguez). Europa Press. Lo que somos
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