EL 9 DE DICIEMBRE DE 1931 LAS CORTES CONSTITUYENTES APROBARON LA CONSTITUCIÓN DE LA 2ª REPÚBLICA ESPAÑOLA

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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA
España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución:
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales.
Articulo primero.
España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Texto de la Constitución Original de la 2ª República Española en el portal del Congreso de los Diputados:

La redacción del proyecto de Constitución fue encargada a una comisión parlamentaria presidida por el abogado socialista Luis Jiménez de Asúa. Su proyecto fue presentado en Cortes el 27 de agosto de 1931 y aprobado, con algunas modificaciones, el 9 de diciembre. Luis Jiménez de Asúa describió la Constitución como de izquierda, pero no socialista, y supuso un avance social sin precedentes en la historia de nuestro país. Ver en Eco Republicano


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931:
–  La Organización del Estado. La estructura del estado viene reflejada en el Título Preliminar artículo primero: “[…] la República constituye un estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones”. Desarrolla esta cuestión en el Título Primero, Organización nacional, en los artículos comprendidos entre el 8 y el 22. El artículo 8 viene a decir: “El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, está integrado por Municipios Mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. […]”.
–  Igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. En el Título Preliminar ya da pistas de este nuevo estatus de igualdad, cuando en el artículo primero dice: “España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo […]” Este principio igualitario que preside la Constitución, se desarrolla ampliamente en el Título III, Derechos y deberes de los españoles, Capítulo Primero, Garantías individuales y políticas, Artículo 25: “No podrán ser fundamente de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. Los conceptos de igualdad, libertad y justicia se desarrollan en el texto en los artículos comprendidos entre el 25 y el 42.
– Sufragio Universal masculino y femenino. Se establece el derecho a voto de todos los ciudadanos con independencia de su sexo y poder adquisitivo. Lo encontramos en el Título IV, Las Cortes, Artículo 52: “El Congreso de los diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto”.
–  Reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores. Se reconocen derechos y obligaciones de la clase obrera y del campesinado. En el Título III, Capítulo II, artículo 46: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de cooperación; las relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.” Y en el artículo 47: “La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura […] La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores”
–  Separación total entre la Iglesia y el Estado. En un país tradicionalmente muy ligado a la Iglesia, este fue uno de sus puntos principales. En el Título Preliminar, Disposiciones generales, artículo tercero, dice: “El Estado español no tiene religión oficial”. La Constitución no sólo establece la laicidad del Estado, sino que procede explícitamente a derrocar todos los privilegios de la Iglesia, como podemos comprobar en el Título III, Capítulo primero, artículo 26: “[…] El Estado, las regiones, las provincias y los municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. […] Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes”. Asimismo reconoce la libertad de todos los españoles a pertenecer a cualquier confesión religiosa, artículo 27: “La libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español […] Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. […] Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. […]”
– Resumen elaborado por David V. Velilla Franco


Una comparativa de la Constitución republicana de 1931, con la monárquica de 1978, se realiza en Dos Constituciones, dos democracias, dos Españas. Rafael Escudero


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